El índice de piratería de software creció en el último año tres puntos para situarse en el 46%, lo que representó unas pérdidas de 600 millones de Euros y un coste social estimado entre 4.000 y 6.000 puestos de trabajo.
La industria del software en España está formada por 12.000 empresas que emplean a 80.000 personas, e indirectamente a 300.000, tratándose, en su mayoría, de empleos de alta cualificación. En 2005, esta industria generó un volumen de negocio cercano a los 1.500 millones de Euros, según datos de AETIC.
La industria del software en España está formada por 12.000 empresas que emplean a 80.000 personas, e indirectamente a 300.000, tratándose, en su mayoría, de empleos de alta cualificación. En 2005, esta industria generó un volumen de negocio cercano a los 1.500 millones de Euros, según datos de AETIC.
La Business Software Alliance (BSA), asociación que representa a la industria del software en la defensa de sus derechos de Propiedad Intelectual, informa de que, durante 2006, se llevaron a cabo en España un total de 361 acciones legales contra empresas, distribuidores y entidades que presuntamente vulneraron los derechos de Propiedad Intelectual del Software.
A lo largo del año anterior, se dictaron 10 sentencias penales contra otras tantas empresas por delito contra la Propiedad Intelectual del software, y se realizaron cuatro registros contra empresas que presuntamente utilizaban software ilegal. Un total de 71 casos fueron enviados a la policía, mientras que el resto de las acciones correspondieron a cartas enviadas a empresas, bien avisándoles de las consecuencias de tener presuntamente instalado software ilegal, bien solicitando información sobre el estado de sus licencias de software, al existir indicios de piratería.
A lo largo del año anterior, se dictaron 10 sentencias penales contra otras tantas empresas por delito contra la Propiedad Intelectual del software, y se realizaron cuatro registros contra empresas que presuntamente utilizaban software ilegal. Un total de 71 casos fueron enviados a la policía, mientras que el resto de las acciones correspondieron a cartas enviadas a empresas, bien avisándoles de las consecuencias de tener presuntamente instalado software ilegal, bien solicitando información sobre el estado de sus licencias de software, al existir indicios de piratería.
Pese a que el cumplimiento de la ley es una de las líneas de actuación principales contra la piratería de software, la labor prioritaria de BSA durante 2006 tuvo que ver con la concienciación y la sensibilización en torno a los beneficios del software legal y las consecuencias de su uso ilícito, sobre todo en términos de negocio. En concreto, BSA realizó un especial esfuerzo por informar a las PYMEs, un segmento en el que el uso de software ilegal en España se estima que asciende al 70%.
En este sentido, BSA desarrolló en 2006 una amplia campaña de información a las PYMEs en torno al acuerdo firmado con la Agencia Tributaria a finales de 2005. Dicho acuerdo tiene por objeto establecer un marco general de colaboración en la lucha contra las redes de fraude fiscal y contra aquellas actividades que vulneren los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Por otro lado, también durante 2006, BSA colaboró activamente con el Ministerio de Industria en el diseño de un plan de acción para formar y sensibilizar al canal de distribución, uno de los principales prescriptores de las PYMEs a la hora de incorporar nuevas tecnologías, pero que en el 41% de los casos comercializa software ilegal, según un estudio de la consultora EMER Gfk.
También las PYMEs fueron el objeto principal del acuerdo suscrito por BSA y AETIC, cuyo fin es poner en marcha iniciativas conjuntas, como jornadas, acciones formativas, campañas de concienciación social y estudios técnicos, para contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información promoviendo el uso de software legal en las empresas.
Durante 2006, asimismo, BSA mantuvo una estrecha colaboración con el Ministerio de Cultura en la elaboración de la nueva Ley de Propiedad Intelectual y en su posterior seguimiento y desarrollo, consiguiendo además que el software quedara reflejado, junto a otras industrias afectadas por la piratería, en las campañas lanzadas desde este Ministerio en defensa de los derechos de los autores y creadores españoles, entre los que también se encuentran las empresas de software.
En este sentido, BSA desarrolló en 2006 una amplia campaña de información a las PYMEs en torno al acuerdo firmado con la Agencia Tributaria a finales de 2005. Dicho acuerdo tiene por objeto establecer un marco general de colaboración en la lucha contra las redes de fraude fiscal y contra aquellas actividades que vulneren los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Por otro lado, también durante 2006, BSA colaboró activamente con el Ministerio de Industria en el diseño de un plan de acción para formar y sensibilizar al canal de distribución, uno de los principales prescriptores de las PYMEs a la hora de incorporar nuevas tecnologías, pero que en el 41% de los casos comercializa software ilegal, según un estudio de la consultora EMER Gfk.
También las PYMEs fueron el objeto principal del acuerdo suscrito por BSA y AETIC, cuyo fin es poner en marcha iniciativas conjuntas, como jornadas, acciones formativas, campañas de concienciación social y estudios técnicos, para contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información promoviendo el uso de software legal en las empresas.
Durante 2006, asimismo, BSA mantuvo una estrecha colaboración con el Ministerio de Cultura en la elaboración de la nueva Ley de Propiedad Intelectual y en su posterior seguimiento y desarrollo, consiguiendo además que el software quedara reflejado, junto a otras industrias afectadas por la piratería, en las campañas lanzadas desde este Ministerio en defensa de los derechos de los autores y creadores españoles, entre los que también se encuentran las empresas de software.
