La Comisión Europea ha informado del envío de un dictamen motivado (segundo paso del procedimiento comunitario de infracción) después de no haber recibido una respuesta satisfactoria de España desde que se abriese el proceso en junio de 2007.
El principal problema que detecta Bruselas es el mecanismo que utiliza España para designar y financiar a los proveedores del servicio universal. Las normas comunitarias sobre telecomunicaciones preven que los estados miembros de la UE se encarguen de comprobar que ningún proveedor quede automáticamente excluido al designar a los que ofrecerán el servicio universal.
Además, establecen que los países puedan conceder compensaciones por ofrecer estos servicios previa petición cuando consideren que esto representa una carga injusta para los proveedores. España, a fecha de hoy, obliga a los proveedores que quieran ofrecer un servicio universal a aceptar dos paquetes de servicios predeterminados. Así si una compañía quiere proporcionar el acceso y el serviciode teléfono fijo debe, además, ocuparse de las cabinas telefónicas públicas. De la misma manera, dar información de los números de abonados es indisoluble de la producción y reparto de guías telefónicas. Estas condiciones excluyen a la mayoría de las compañías de telecomunicaciones, según fuentes comunitarias.
