El proceso se inicia con la visita de un comprador anónimo a cualquiera de las tiendas informáticas de nuestro país que solicita información y presupuesto para adquirir un ordenador y su sistema operativo. Tras recibir la oferta, incluya esta o no software ilegal, el comprador anónimo se identifica como un “Inspector de Microsoft”. Si el software ofertado, normalmente el Sistema Operativo y el paquete Microsoft Office van acompañados de su licencia, Microsoft incluye a esa tienda en una fase de “activación comercial” donde se ofrecen al propietario del establecimiento la posibilidad de participar en campañas conjuntas de marketing, descuentos en la compra de productos o cursos de formación técnica o comercial. Si el software ofertado no incorpora su licencia, además, se informa al personal del punto de venta de que dicha actividad puede suponer un delito contra la propiedad intelectual recogido en el Código Penal y que puede castigarse con cuantiosas condenas económicas y en algunos casos la prisión del denunciado. Meses después, la compañía realiza una segunda visita a aquellas tiendas que ofrecieron software sin licencia. Aquellas tiendas que en esta segunda visita continúan ofreciendo programas ilegales son denunciadas ante las autoridades competentes.
Microsoft visitado 2.438 puntos de venta y en 1.098 (un 45% del total) se ha encontrado distribución de software sin licencia. Las Comunidades que presentan unos índices más elevados de establecimientos que distribuyen software sin la correspondiente licencia son Castilla La Mancha (62,5%), Cantabria (60%) y Asturias (59,4%). Por el contrario, las que han arrojado unos índices más bajos son Baleares (25%, un porcentaje similar al que presentaba hace año y medio), Murcia (27,5%), Cataluña (37,5%) y Madrid (40%), que son además las únicas Comunidades por debajo de la media nacional.
En este sentido Microsoft ha puesto como ejemplo que el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Manresa ha hecho pública una sentencia fallada contra un vecino de esta localidad que le condena a seis meses de prisión y a pagar una cantidad que podría ascender a 886.000 euros en la ejecución final de la sentencia por un delito contra la propiedad intelectual recogido en el artículo 270 del Código Penal. El denunciado, que responde a las iniciales de A.G.P., se dedicaba a reproducir y distribuir reproducciones digitales de libros y revistas así como programas falsos de algunos de los principales fabricantes de software, entre ellos Microsoft, Adobe o Macromedia.
