Aprobado el ECODISEÑO

El Consejo de Ministros en su sesión de hoy ha aprobado un Real Decreto para establecer unos requisitos que los productos relacionados con la energía deben incorporar a la hora de ser diseñados, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente a través del incremento de la eficiencia energética, la disminución de la contaminación y el incremento de la seguridad del abastecimiento energético.

Hasta el momento, en la legislación española existía una regulación similar aplicada tan sólo a los productos que utilizaban energía. El Real Decreto aprobado hoy incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/125/CE, de 21 de octubre de 2009, sobre criterios ecológicos de diseño y sustituye a la normativa española anterior, ampliando su ámbito de actuación a todos los productos relacionados con la energía.

El Real Decreto afecta a todos aquellos bienes que tienen un impacto sobre el consumo de energía durante su utilización. Se trata de productos relacionados con la energía que tienen un importante potencial para reducir las consecuencias medioambientales como ventanas y materiales aislantes utilizados en la construcción o algunos productos que utilizan el agua, como los grifos por ejemplo. Son productos que mediante un mejor diseño ecológico puedan contribuir a un ahorro energético importante durante su utilización.

Los criterios ecológicos que tendrán que incorporarse al diseño no afectarán de forma significativa a la funcionalidad del producto, a su coste, ni a la competitividad de la industria. Asimismo, el establecimiento de un requisito específico de diseño ecológico no se traducirá en la imposición de una tecnología específica a los fabricantes.

El fabricante deberá evaluar el perfil ecológico del producto, realizando las pruebas necesarias, y deberán certificar su elección de diseño ecológico. Esta elección tendrá en cuenta los diversos aspectos medioambientales así como otras consideraciones pertinentes, como la salud y la seguridad, los requisitos técnicos de funcionalidad, la calidad y el rendimiento, así como los aspectos económicos, incluidos los costes de fabricación y de comerciabilidad.

La norma prevé que el fabricante elabore un registro de documentación técnica que incluya, entre otras cuestiones, una descripción general del producto y del uso al que está destinado o los resultados de los estudios de evaluación medioambiental pertinentes llevados a cabo por el fabricante.

El Real Decreto, que será aplicado por las autoridades pertinentes de las comunidades autónomas, también afecta a las importaciones. Si el fabricante no está establecido en la Unión Europea y no cuenta con un representante autorizado, el importador tendrá la obligación de garantizar que el producto introducido en el mercado o puesto en servicio cumple lo dispuesto en el Real Decreto.

Los SMS de descarga o para concursos y los 905 obligados a informar mejor

La Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional ha aprobado los Códigos de Conducta de los servicios SMS Premium y líneas 905 que prevé la sumisión de estos servicios, como servicios de tarificación adicional, a Códigos de Conducta.

Y todo ello porque en los últimos tiempos han proliferado los servicios de contenidos a través del teléfono móvil, mediante los denominados SMS Premium. A estos servicios se accede mediante la marcación de un número corto y permiten tanto la descarga de contenidos (juegos, vídeos, polítonos) como la participación en concursos, sorteos y programas de radio y televisión. Asimismo, también se ha extendido la utilización en los medios de comunicación de líneas 905 para propiciar la participación del público en concursos, sorteos y votaciones organizados por programas de televisión.
El Código de Conducta de los servicios SMS Premium es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas que presten estos servicios:

• La publicidad de los servicios. Toda forma de publicidad deberá incluir el precio del servicio, así como la identificación de su responsable. El Código garantiza el carácter “legible” de la publicidad: la información deberá figurar en caracteres estáticos y adecuados para su perfecta visualización.

• Mensajes SMS informativos para el usuario. Cuando un usuario solicite uno de estos servicios, el prestador estará obligado a enviarle un SMS en el que le informe de su precio y de la identificación de la empresa responsable. Si se trata de servicios de precio superior a 1,20 euros (de suscripción o para adultos), este mensaje informativo será previo a la contratación, con lo que sólo si el usuario lo acepta expresamente podrá prestarse el servicio.

• Normas para la especial protección de los menores.

 Se establecen horarios específicos para la publicidad y el funcionamiento de servicios dirigidos a menores.

 Asimismo, se establecen también unos horarios determinados en servicios dirigidos a adultos, en línea con la regulación de los espacios televisivos.

 Se regulan las publicaciones en que puede aparecer publicidad de servicios para menores o para adultos.

• Normas específicas para concursos.

 Los concursos deberán contar con las correspondientes bases depositadas ante notario.

 Si un voto o una participación de un concursante se recibe fuera de horario, sólo se le podrá facturar el importe de un SMS de texto, sin la parte de tarificación adicional correspondiente al hecho de votar.

 En los programas de televisión, mientras que se anuncie el número telefónico para participar, deberá figurar en la pantalla en todo momento su precio además de la identificación del prestador de servicio

• Normas específicas para servicios de suscripción. El Código regula la terminología para contrata y cancelar estos servicios.

 La contratación se realizará sólo mediante la palabra “ALTA”, que no podrá usarse para otros servicios.

 Para cancelar la suscripción bastará con la palabra “BAJA”. Además, estará prohíbido que la empresa continúe con la suscripción si ha recibido ese mensaje.Este Código entrará en vigor una vez transcurridos cuatro meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Números 905; está referido también a los servicios de voz que se prestan a través de los prefijos 803, 806 y 807:
A partir de ahora, estos concursos deberán cumplir con la normativa sobre publicidad del Código. Entre otras cosas, deberá figurar siempre, y en caracteres estáticos, el precio y el prestador del servicio.
Además, en los concursos que consistan en la participación del público a través de llamadas a un número 905 será obligatorio que aparezca un rótulo informativo sobre el número de llamadas recibidas en los últimos diez minutos. De este modo, el usuario estará informado sobre el número de participantes y sus posibilidades de acceder al programa.
Finalmente, se prohíbe la utilización de números con tarificación adicional (a través de cualquiera de los prefijos que se utilizan) para los servicios de atención al cliente o posventa, vinculados a la adquisición de bienes o servicios.
Este Código entrará en vigor tres meses después de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) asigne los nuevos números 905.

Industria y los Operadores firman un acuerdo para la protección del menor

El acuerdo alcanzado con Telefónica, Vodafone, ONO, Telecable, Yoigo, Orange y Jazztel, supone un compromiso para establecer un protocolo de actuación y poner a disposición de los padres y tutores la información y las herramientas necesarias para garantizar un acceso seguro a Internet de los menores de edad y evitar contenidos inapropiados para ellos.
La firma del convenio se ha producido durante la inauguración de la exposición participativa de la Plaza de Felipe II de Madrid que, bajo el lema “Súbete al tren de Internet”, engloba el programa de actividades organizado por Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la celebración del Día de Internet, el próximo domingo 17 de mayo. En la firma han participado el director general de red.es, Sebastián Muriel, y representantes de Telefónica, Vodafone, ONO, Telecable, Yoigo, Orange y Jazztel.

Como parte del compromiso con este protocolo de actuación, los operadores facilitarán a los padres y tutores toda la información necesaria sobre las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso a determinados contenidos y servicios de Internet no deseados, o que pueden ser nocivos para la juventud y la infancia, a través del canal de comunicación más directo del que disponen que es el de sus propias facturas.
Así, incorporarán en ellas recomendaciones, decálogos de comportamiento e información sobre las siguientes herramientas y actuaciones:
**Sistemas de control parental, destacando las garantías que ofrecen en el acceso de los menores a Internet.
**Aplicaciones y contenidos específicos para la infancia disponibles a través de Internet, especialmente los que tengan carácter educativo.
**El programa chaval.es (www.chaval.es), desarrollado por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio a través de Red.es, que ofrece información sobre sitios web con contenidos específicos para la infancia. En especial “El decálogo del buen uso de Internet para niños, adolescentes y mayores” (www.chaval.es/decalogo.jsp).
**Las labores realizadas por la agencia de Calidad de Internet (IQUA, www.iqua.net), entre las que destaca el sello: CONFIANZA ONLINE, cuyo objetivo es promover y reforzar la confianza de los usuarios en las páginas web por medio de la gestión de un sistema de autorregulación y un sello de confianza.

Apple y Google investigadas por violación de la legislación antimonopolio

La Comisión Federal de Comercio de EEUU investiga a ambas Compañías porque hay miembros que están en ambos Consejos de Administración.

En concreto, Eric Schmidt (EN LA FOTO), consejero delegado de Google, y Arthur Levinson, exconsejero delegado del grupo farmacéutico Genentech, tienen un puesto tanto en el Consejo de Administración de Google como en el de Apple.

Las leyes estadounidenses de defensa de la competencia prohíben esta situación en los casos de empresas rivales y si esta situación supone una reducción de la libre competencia entre ambas.

En este sentido, hay que destacar dónde compiten:

.- TELEFONÍA MÓVIL: Android de Google versus iPhone de Apple.

.- NAVEGADORES: Safari de Apple versus Chrome de Google.

.- FOTOGRAFÍA ON LINE: iPhoto Apple versus Picasa de Google.

.- VIDEO ON LINE: iTunes versus YouTube.

Por supuesto, hay otros campos de "contacto" como los servicios de correo electrónico que Google tiene en GMAIL y las posibilidades de compatibilidad con los sistemas operativos de Apple. Y, evidentemente, un sin fin otros argumentos que rodean al enorme potencial y oferta de ambas Compañías.

Los 905 obligados a respetar la tarificación adicional y su incumplimiento llevará al cierre

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha aprobado una resolución que regula el uso del prefijo 905, atribuyéndolo a la prestación de servicios de tarificación adicional, con lo que a los números con dicho prefijo se les aplicará toda la normativa existente en este ámbito.
Destaca que, ahora, en las facturas que reciban los usuarios deberá desglosarse la parte que se paga al operador por la llamada de la que se paga al prestador del servicio. De este modo, si el usuario no está de acuerdo con esta última y paga sólo la parte del servicio telefónico, este último no podrá ser suspendido por el operador.
Los usuarios tendrán el llamado “derecho de desconexión”, es decir, podremos dirigirnos al operador para que éste inhabilite la posibilidad de acceder a estos números. Aquel usuario que ejerza este derecho no podrá llamar a estos números desde su línea telefónica.

Además, la resolución contiene una clasificación de los servicios prestados a través del número 905. En función de la cuarta cifra, los usuarios podrán obtener información acerca del servicio prestado y del precio del mismo. Se establecen tres niveles de precios, que van desde 30 céntimos hasta 1,2 euros por llamada desde las redes fijas, prohibiéndose la facturación por tiempo.

El Ministerio de Industria tomará medidas para garantizar una información adecuada sobre ofertas y promociones

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros,ha explicado que durante los meses de junio y julio se han realizado inspecciones a los operadores sobre la facturación y sobre la información de precios, ofertas y promociones que reciben los usuarios.

Los primeros datos de estas inspecciones apuntan a un funcionamiento poco satisfactorio de los Centros de Atención al Cliente de los operadores, lo que deriva en una información deficiente en cuanto a ofertas y promociones y, en consecuencia, en su aplicación a los usuarios. Para solucionar estos problemas se incluirá, en la próxima Carta de Derechos de los Usuarios, la obligación de los operadores de remitir a los clientes un documento acreditativo de las ofertas a las que se acogen.

Los alemanes aprueban que los datos de Internet y del móvil se guarden al menos seis meses

El Parlamento alemán da luz verde a un proyecto de ley que obligará a las empresas del sector de la telefonía y la informática a guardar los registros de sus clientes durante al menos seis meses, como material susceptible de ser consultado durante una investigación policial. El texto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2008, tambiénafecta a profesiones que tradicionalmente han disfrutado de derecho de confidencialidad, como médicos, abogados y periodistas, cuyos teléfonos y ordenadores podrán ser revisados durante la investigación de casos graves.

La ministra alemana de Justicia, Brigitte Zypries (EN LA FOTO), aseguró que estas medidas no "están en el camino hacia un Estado que todo lo vigila", sino que permitirán luchar de forma más eficaz contra la criminalidad y el terrorismo. Zypries señaló que actualmente las empresas de comunicación ya están obligadas a guardar esos datos durante tres meses y que la nueva normativa no implica grabar las conversaciones telefónicas de los usuarios sino conservar los registros de llamadas. Destacó además que no será el Estado quien recopile esa información, sino que deberán guardarla las propias empresas y ponerla a disposición de las autoridades, si así lo requirieran durante las investigaciones policiales.
El texto, que contó con el apoyo de los cristianodemócratas (CDU) y socialdemócratas (SPD), fue rechazado por los tres partidos de la oposición el Partido Liberal (FDP), Los Verdes y el partido La Izquierda.Desde Los Verdes y La Izquierda aseguraron que hoy fue "un día negro para los derechos de los ciudadanos y un día triste para la democracia".

La Agencia Española de Protección de Datos y Microsoft contrastan sus políticas de privacidad. YAHOO SERÁ LA SIGUIENTE.

El Director de la Agencia, Artemi Rallo, y el representante de la multinacional estadounidense, Brendon Lynch se reúnen para hablar de la retención de datos personales derivados de las búsquedas en Internet, el tiempo que esos datos están retenidos o la filtración de menajes en el servicio Hotmail.

Según he podido saber, la siguiente en pasar por las oficinas de la AEPD será la multinacional norteamericana: YAHOO.

Estas reuniones se enmarcan en el análisis que la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, está llevando a cabo sobre los principales buscadores de Internet y que comenzó la semana pasada con responsables de Google.
En ese encuentro el director de la AEPD, Artemi Rallo, trasladó el responsable de Google en políticas de privacidad, Peter Fleischer, la necesidad de incrementar la información facilitada por la compañía a sus usuarios e incidió en que los datos retenidos no se faciliten a países que carezcan de garantías.
La AEPD comparte la necesidad de avanzar en regulación internacional de estándares de privacidad en Internet que permitan proteger globalmente la privacidad de las personas planteada por Google la pasada semana ente la UNESCO.

La CE apoyará el desarrollo de las tecnologías más protectoras con los datos de carácter personal

La Comisión Europea reconoce la importancia de que las nuevas tecnologías salvaguarden la privacidad de los datos de carácter personal de sus usuarios y muestra su disposición de estudiar qué métodos pueden emplearse a tal fin para apoyar financieramente su desarrollo. Según explicó en un comunicado, la Comisión considera necesario crear tecnologías que supongan una mayor dificultad para cometer fraudes a través de datos privados o, por otra parte, que faciliten su detección. Estima que este procedimiento incrementará además la confianza de los consumidores en este tipo de medios, particularmente en Internet. Señala que el recurso a tecnologías que refuerzan la protección de la vida privada comporta una reducción del número de datos personales que son requeridos y su utilización y se dispone a "identificar claramente cuáles son las necesidades y las exigencias tecnológicas" de este tipo de tecnologías para "continuar promoviendo su desarrollo" y su utilización por parte de la industria y de los poderes públicos. Prevé también que una verdadera protección de la vida privada exigirá "la normalización y la coordinación" de reglamentos en toda la UE sobre las medidas des seguridad aplicables al tratamiento de datos. Además, propone hacer una campaña de sensibilización entre los consumidores de cara a la creación de una etiqueta específica que acredite que un determinado producto garantiza o mejor el respeto de las reglas de protección de datos. La Comisión alude a algunas tecnologías que considera respetuosas con los datos de carácter privado, como aquellas que convierten los datos personales en anónimos pasado un cierto tiempo, que se corresponde con el periodo necesario para que la máquina en cuestión realice su función. Enumera también los procedimientos de encriptado para impedir la falsificación; los procedimientos "anti cookies", que bloquean las "cookies" que obligan en los ordenadores personales a realizar ciertas funciones con desconocimiento del titular, o las plataformas de preferencias relativas a la protección de la vida privada (P3P) que permite a los internautas analizar las política de confidencialidad de las páginas de Internet. Para ello, Bruselas prevé hacer una identificación de las tecnologías y las características técnicas que mejor protegen la vida privada, animar a las empresas a utilizarlas y financiar su desarrollo. Para esto último, propone incrementar en el futuro próximo la cantidad de fondos comunitarios que podrán emplearse en este ámbito para superar los 18.000 millones que se destinaron entre 2002 y 2006

Nikon, Canon y Sony SE UNIRÁN CONTRA LA UNIÓN EUROPEA si ésta decide que las cámaras digitales tienen impuestos ESPECIALES.

Las cámaras digitales entran en la UE con impuestos libres en la actualidad y expertos en comercio de la Unión Europea decidirán, probablemente a mediados de 2007, si las cámaras digitales que entran deben estar sujetas a tarifas de importación ya que sus incrementadas funciones avanzadas de vídeo hacen que, quizá, deban ser clasificadas como cámaras de vídeo, cuya entrada sí está gravada con un impuesto aduanero de casi el 5 por ciento.

Un cambio en las normas de comercio podría tener un gran impacto en los fabricantes japoneses de cámaras digitales que dominan cerca del 85 por ciento del mercado global y tienen sus principales ingresos en el extranjero.

En 2006, el envío de cámaras digitales japonesas a Europa tuvo un valor de 604.000 millones de yenes (3.860 millones de euros).

Las compañías telefónicas guardarán los datos de sus clientes durante un año e identificarán a los compradores de las tarjetas prepago.

Aprobado en Consejo de Ministros, el proyecto de ley supone la incorporación al ordenamiento español de una directiva europea que obligaba a los operadores a guardar los datos entre 6 y 24 meses para mejorar la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves.
La norma española establece que las empresas de telefonía deberán conservar datos de cualquier tipo de comunicación, tanto fija, como móvil o por internet. Se incluirá información a cerca del origen, destino, la hora, la fecha y el aparato utilizado, pero en ningún caso el contenido de la misma. El proyecto preparado por el Ejecutivo pasará ahora por las Cortes, una vez que ha contado con la supervisión de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.