El proyecto de ley introduce innovaciones normativas para el impulso de la Sociedad de la Información en España y tiene como objetivos cubrir vacíos normativos existentes, eliminar obstáculos y potenciar los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información. En concreto, introduce una serie de modificaciones de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley de firma electrónica, que constituyen dos piedras angulares del marco jurídico en el que se desenvuelve el desarrollo de la Sociedad de la Información.
TE LO VOY A INTENTAR RESUMIR, PERO POR SU IMPORTANCIA VOY A DARTE MUCHOS DATOS. VEAMOS:
El proyecto de ley impone a las grandes empresas (aquellas con más de 100 empleados o un volumen de operaciones superior a los 6 millones de euros), que presten servicios al público considerados como de especial trascendencia económica (electricidad, agua y gas, telecomunicaciones), la obligación de facilitar un medio de interlocución telemática con sus clientes, basado en certificados reconocidos de firma electrónica y, en particular, en el DNI electrónico, que permita a los clientes mantener relaciones de carácter contractual con la empresa, efectuar reclamaciones y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en materia de protección de datos.
Impulso a la facturación electrónica: Este plan completa la obligatoriedad de la factura electrónica prevista en el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en tramitación.
Desarrollo del comercio electrónico en España: El proyecto de ley introduce novedades y ajustes en la regulación actual con el objetivo de facilitar la actividad económica por Internet:
Regulación mínima de las subastas electrónicas entre empresas y flexibilización de las obligaciones relativas a las comunicaciones comerciales y a los requisitos para la contratación por vía electrónica, en particular, para su adecuación a la telefonía móvil de datos y a otros servicios similares.
La autorización de la restricción de páginas de Internet, cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en el artículo 20 de la Constitución, sólo podrá ser ejercida por los órganos jurisdiccionales competentes.
Y, como estaba previsto, el proyecto de ley obliga a los proveedores de acceso a Internet a informar a sus usuarios sobre medios técnicos que permitan la protección frente a los problemas de seguridad en Internet (virus informáticos, programas espías, spam) y sobre las herramientas para el filtrado de contenidos no deseados. Asimismo, los prestadores de servicios deberán informar a sus clientes sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisión de sus servicios. Adicionalmente, el Gobierno elaborará un nuevo plan de actuaciones para la mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet, que incluirá medidas frente a códigos maliciosos, correos electrónicos no solicitados (spam) y mensajes engañosos o fraudulentos (phising).
El Gobierno se compromete a velar por un Internet más accesible para discapacitados y personas de edad avanzada, un refuerzo de la protección de los derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones y la extensión de la conectividad de banda ancha para que exista la mayor cobertura posible antes del 31 de diciembre de 2007, independientemente de la tecnología utilizada y se exigirá entre los requisitos imprescindibles para la consideración de un suelo como urbanizado tener instaladas las canalizaciones necesarias para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Disponibilidad de nombres de dominio “.es” con caracteres propios de las lenguas españolas. El proyecto de ley establece que la entidad Red.es adoptará las medidas necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio “.es” que contengan caracteres propios de las lenguas españolas distintos de los incluidos en el alfabeto inglés, como la “ñ” o la “ç”, en un plazo máximo de tres meses de la entrada en vigor de la Ley.
Se buscará una mejora de la información disponible del sector TIC en España y, por otro lado, el proyecto establece la obligación de que en la elaboración de los proyectos de obras de construcción de nuevas carreteras o de nuevas infraestructuras ferroviarias se prevea la instalación de canalizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas a la largo de toda la longitud de las mismas, así como del equipamiento para asegurar la cobertura de comunicaciones móviles en todo su territorio.
El proyecto de ley impone a las grandes empresas (aquellas con más de 100 empleados o un volumen de operaciones superior a los 6 millones de euros), que presten servicios al público considerados como de especial trascendencia económica (electricidad, agua y gas, telecomunicaciones), la obligación de facilitar un medio de interlocución telemática con sus clientes, basado en certificados reconocidos de firma electrónica y, en particular, en el DNI electrónico, que permita a los clientes mantener relaciones de carácter contractual con la empresa, efectuar reclamaciones y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en materia de protección de datos.
Impulso a la facturación electrónica: Este plan completa la obligatoriedad de la factura electrónica prevista en el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en tramitación.
Desarrollo del comercio electrónico en España: El proyecto de ley introduce novedades y ajustes en la regulación actual con el objetivo de facilitar la actividad económica por Internet:
Regulación mínima de las subastas electrónicas entre empresas y flexibilización de las obligaciones relativas a las comunicaciones comerciales y a los requisitos para la contratación por vía electrónica, en particular, para su adecuación a la telefonía móvil de datos y a otros servicios similares.
La autorización de la restricción de páginas de Internet, cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en el artículo 20 de la Constitución, sólo podrá ser ejercida por los órganos jurisdiccionales competentes.
Y, como estaba previsto, el proyecto de ley obliga a los proveedores de acceso a Internet a informar a sus usuarios sobre medios técnicos que permitan la protección frente a los problemas de seguridad en Internet (virus informáticos, programas espías, spam) y sobre las herramientas para el filtrado de contenidos no deseados. Asimismo, los prestadores de servicios deberán informar a sus clientes sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisión de sus servicios. Adicionalmente, el Gobierno elaborará un nuevo plan de actuaciones para la mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet, que incluirá medidas frente a códigos maliciosos, correos electrónicos no solicitados (spam) y mensajes engañosos o fraudulentos (phising).
El Gobierno se compromete a velar por un Internet más accesible para discapacitados y personas de edad avanzada, un refuerzo de la protección de los derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones y la extensión de la conectividad de banda ancha para que exista la mayor cobertura posible antes del 31 de diciembre de 2007, independientemente de la tecnología utilizada y se exigirá entre los requisitos imprescindibles para la consideración de un suelo como urbanizado tener instaladas las canalizaciones necesarias para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Disponibilidad de nombres de dominio “.es” con caracteres propios de las lenguas españolas. El proyecto de ley establece que la entidad Red.es adoptará las medidas necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio “.es” que contengan caracteres propios de las lenguas españolas distintos de los incluidos en el alfabeto inglés, como la “ñ” o la “ç”, en un plazo máximo de tres meses de la entrada en vigor de la Ley.
Se buscará una mejora de la información disponible del sector TIC en España y, por otro lado, el proyecto establece la obligación de que en la elaboración de los proyectos de obras de construcción de nuevas carreteras o de nuevas infraestructuras ferroviarias se prevea la instalación de canalizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas a la largo de toda la longitud de las mismas, así como del equipamiento para asegurar la cobertura de comunicaciones móviles en todo su territorio.
