Telefónica Móviles asegura que ha actuado en todo momento dentro de la legalidad y que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Usuarios y Consumidores la operadora se limitó a adaptar sus tarifas al nuevo marco. Se trata de la mayor sanción impuesta por la Comunidad madrileña a una empresa de telecomunicaciones después de que a principios de mes impusiera otra a Vodafone de 1,4 millones.
La Comunidad abrió un expediente de oficio el año pasado a varias empresas de telecomunicaciones, entre ellas Telefónica Móviles, ya que hasta el 31 de diciembre de 2005 la compañía cobraba en la mayoría de sus ofertas el primer minuto completo y, a partir de éste, en tramos de 30 segundos, con independencia del tiempo real de utilización del servicio.
Fuentes de Telefónica han asegurado que "si facturamos de una determinada manera antes de la entrada en vigor de la Ley fue porque podíamos hacerlo”. Ademas, recuerdan que los usuarios de Movistar tenían a su disposición diferentes tarifas antes de marzo.
La norma regional dispone, en su artículo 50, que supone una infracción administrativa sancionable económicamente la realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor condiciones, recargos o cobros indebidos, prestaciones accesorias no solicitadas o cantidades mínimas.
La sanción de 2,9 millones de euros, en la que se ha tenido en cuenta el número de afectados que pagaron por servicios no prestados, es la mayor impuesta por la Comunidad a una empresa de telecomunicaciones en virtud de la Ley de Protección de los consumidores madrileños, ya que a principios de mes se impuso otra a Vodafone por similares motivos, que fue de 1,4 millones de euros. La Federación de Consumidores en Acción (Facua) se ha mostrado satisfecha ante la multa impuesta a Movistar aunque considera "insignificante" la cuantía de la sanción. Facua recuerda que las operadoras de telefonía móvil ingresaron miles de millones de euros desde finales de los años 90 hasta marzo de 2007, fecha en que comenzaron a facturar por segundos, "gracias al cobro ilegal de segundos de conversación no consumidos por los usuarios".
La Comunidad abrió un expediente de oficio el año pasado a varias empresas de telecomunicaciones, entre ellas Telefónica Móviles, ya que hasta el 31 de diciembre de 2005 la compañía cobraba en la mayoría de sus ofertas el primer minuto completo y, a partir de éste, en tramos de 30 segundos, con independencia del tiempo real de utilización del servicio.
Fuentes de Telefónica han asegurado que "si facturamos de una determinada manera antes de la entrada en vigor de la Ley fue porque podíamos hacerlo”. Ademas, recuerdan que los usuarios de Movistar tenían a su disposición diferentes tarifas antes de marzo.
La norma regional dispone, en su artículo 50, que supone una infracción administrativa sancionable económicamente la realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor condiciones, recargos o cobros indebidos, prestaciones accesorias no solicitadas o cantidades mínimas.
La sanción de 2,9 millones de euros, en la que se ha tenido en cuenta el número de afectados que pagaron por servicios no prestados, es la mayor impuesta por la Comunidad a una empresa de telecomunicaciones en virtud de la Ley de Protección de los consumidores madrileños, ya que a principios de mes se impuso otra a Vodafone por similares motivos, que fue de 1,4 millones de euros. La Federación de Consumidores en Acción (Facua) se ha mostrado satisfecha ante la multa impuesta a Movistar aunque considera "insignificante" la cuantía de la sanción. Facua recuerda que las operadoras de telefonía móvil ingresaron miles de millones de euros desde finales de los años 90 hasta marzo de 2007, fecha en que comenzaron a facturar por segundos, "gracias al cobro ilegal de segundos de conversación no consumidos por los usuarios".
