La Comisión Europea exige a la Sociedad General de Autores (SGAE) y a otras 23 sociedades de gestión colectiva de derechos de autor de la UE a eliminar las restricciones territoriales que imponen en sus contratos de venta de licencias para difundir música por Internet, por cable o por satélite. También solicita que se supriman las cláusulas que impiden a los autores escoger una sociedad de gestión de derechos distinta a la de su Estado miembro.
En cuanto a las restricciones se recuerda que impiden que un usuario comercial, por ejemplo una televisión por satélite, pueda obtener una licencia que cubra varios Estados miembros y le obligan a negociar con la sociedad nacional de cada Estado miembro.
En el otro asunto se recuerda que, así, las sociedades de gestión deberán competir entre ellas en cuanto a la calidad de sus servicios y el nivel de gastos administrativos que aplican, según la Comisión.
El Ejecutivo comunitario suraya que ambos tipos de cláusulas vulneran la legislación comunitaria que prohíbe las prácticas comerciales restrictivas. Pese a este incumplimiento, la Comisión decidió no imponer una multa a las sociedades de gestión de derechos sino únicamente obligarles a cambiar sus prácticas.
Bruselas lanzó la investigación sobre este caso a raíz de las denuncias presentadas por el grupo de radiodifusión luxemburgués RTL y del proveedor británico de música por Internet Music Choice.
La Alianza de Compositores y Autores Musicales ha criticado ya la decisión de Bruselas por considerar que afectará negativamente a los ingresos que reciben los músicos al destruir el sistema actual, que permite a sus sociedades de gestión cobrar los royalties más allá de sus fronteras. Los autores aseguraron además que se trata de un ataque a la diversidad cultural porque sólo se beneficia a los usuarios multinacionales y se perjudica a las discográficas independientes y a sus autores. Por su parte, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), que agrupa a todas las sociedades de gestión europeas, dice que se conducirá inevitablemente a una fragmentación catastrófica del repertorio y por lo tanto a una incertidumbre legal para los usuarios de música y en ningún caso beneficiará a los creadores.
En cuanto a las restricciones se recuerda que impiden que un usuario comercial, por ejemplo una televisión por satélite, pueda obtener una licencia que cubra varios Estados miembros y le obligan a negociar con la sociedad nacional de cada Estado miembro.
En el otro asunto se recuerda que, así, las sociedades de gestión deberán competir entre ellas en cuanto a la calidad de sus servicios y el nivel de gastos administrativos que aplican, según la Comisión.
El Ejecutivo comunitario suraya que ambos tipos de cláusulas vulneran la legislación comunitaria que prohíbe las prácticas comerciales restrictivas. Pese a este incumplimiento, la Comisión decidió no imponer una multa a las sociedades de gestión de derechos sino únicamente obligarles a cambiar sus prácticas.
Bruselas lanzó la investigación sobre este caso a raíz de las denuncias presentadas por el grupo de radiodifusión luxemburgués RTL y del proveedor británico de música por Internet Music Choice.
La Alianza de Compositores y Autores Musicales ha criticado ya la decisión de Bruselas por considerar que afectará negativamente a los ingresos que reciben los músicos al destruir el sistema actual, que permite a sus sociedades de gestión cobrar los royalties más allá de sus fronteras. Los autores aseguraron además que se trata de un ataque a la diversidad cultural porque sólo se beneficia a los usuarios multinacionales y se perjudica a las discográficas independientes y a sus autores. Por su parte, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), que agrupa a todas las sociedades de gestión europeas, dice que se conducirá inevitablemente a una fragmentación catastrófica del repertorio y por lo tanto a una incertidumbre legal para los usuarios de música y en ningún caso beneficiará a los creadores.
