La falta de servicio de internet ADSL para muchos ciudadanos ha generado en 2006 un elevado número de quejas,señala el último informe del Defensor del Pueblo, que alerta de quela banda ancha crece de un modo insuficiente y a un precio excesivo en nuestro país, especialmente en el medio rural.
Así se recoge en el informe 2006 que el Defensor, Enrique Múgica,entregó esta mañana al Presidente del Congreso, Manuel Marín, y que esta tarde hará llegar al Presidente del Senado, Javier Rojo. Además de en las quejas ciudadanas, especialmente provinientes de áreas rurales, el Defensor basa su denuncia en que "a través de losmedios de comunicación" ha sabido que la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones "ha constatado el insuficiente crecimiento de la banda ancha en España (Internet ADSL)". "Otros medios de comunicación, así como diversas quejasplanteadas por los ciudadanos ante esta Institución, evidenciabanque el precio que ha de pagarse por la percepción de este servicio es excesivo, todo ello en comparación con el resto de países de la Unión Europea", añade, y en otro párrafo alude expresamente en estesentido a la Compañía Telefónica.
"La extensión del uso de las líneas ADSL al mayor número de ciudadanos posible ha de ser un cometido emprendido tanto desde los órganos administrativos competentes en la materia como desde los operadores presentes en el mercado" pero las quejas y noticias hacen sospechar al Defensor de que "no se están poniendo los elementosnecesarios para lograrlo". "Internet ADSL debe ser calificado como un vehículo fundamental dentro de la sociedad de la información", explica el informe.
El Defensor ha consultado al Gobierno sobre si va a considerar el servicio de Internet ADSL como un servicio universal, a lo que no ha recibido respuesta todavía. Ante determinadas quejas ciudadanas, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha respondido apuntando la existencia de programas de extensión de la banda ancha en áreas rurales y aisladas, impulsado con las administraciones autonómicas. El informe recoge además la preocupación por prácticas fraudulentas en la red como el lamado "phising" (mediante el envíode correos electrónicos fraudulentos, bajo una apariencia de licitud, se solicita información personal que repercutirá de forma negativa en su situación patrimonial) a las que se suman otras que dificultan la navegación.
