Son datos de un estudio hecho público por Business Software Alliance (BSA) cuyo presidente en España, Luis Frutos, (en la foto) asegura que “cuando los países avanzan en la reducción de la piratería de software, los beneficios son para todos”. Según Frutos, “con más y mejores oportunidades de trabajo, un entorno de negocios más seguro y una gran contribución económica del ya de por sí robusto sector de las Tecnologías, reducir la piratería de software reporta beneficios tangibles para los gobiernos y las economías de cada país”.
El estudio de Business Software Alliance (BSA), elaborado por la consultora International Data Corporation (IDC), revela que la industria tecnológica es ya la mayor generadora de empleo, ingresos por impuestos y riqueza para el Producto Interior Bruto (PIB). En España, IDC prevé que en 2011 la industria tecnológica genere casi 20.500 millones de €, cerca de 114.000 empleos y 12.000 millones de € en concepto de impuestos.
Si además, de aquí a 2011, se redujera el índice de piratería en 10 puntos –actualmente es del 46%-, se generarían casi 2.000 empleos adicionales, 196 millones de € en impuestos y más de 1.400 millones de € de facturación en el sector tecnológico.
Según este informe, por cada euro gastado en software original empaquetado, se gastan 1.25 euros adicionales en servicios tales como instalación, formación y mantenimiento. La mayoría de esos beneficios van a la cuenta de las empresas locales de servicios y del canal de venta, de manera que la mayor parte de los beneficios económicos de reducir la piratería de software se quedan dentro del propio país.
De acuerdo con el último Estudio Global sobre Piratería, elaborado también por IDC y publicado en mayo de 2007, el 46% del software instalado en PCs en España es ilegal. BSA dedica gran parte de sus esfuerzos a incrementar el conocimiento, especialmente entre las PYMEs, acerca de los riesgos y las consecuencias legales de utilizar software sin licencia.
BSA emplaza a los gobiernos que quieran tomar ventaja de los beneficios económicos de reducir la piratería de software a, entre otras medidas, actualizar las leyes nacionales de copyright para implementar las directrices de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), crear fuertes mecanismos de cumplimiento de las leyes, dedicar significativos recursos gubernamentales al problema, mejorar la educación pública y la concienciación y, finalmente, predicar con el ejemplo, exigiendo que todas las entidades del sector público utilicen únicamente software original.
El estudio de Business Software Alliance (BSA), elaborado por la consultora International Data Corporation (IDC), revela que la industria tecnológica es ya la mayor generadora de empleo, ingresos por impuestos y riqueza para el Producto Interior Bruto (PIB). En España, IDC prevé que en 2011 la industria tecnológica genere casi 20.500 millones de €, cerca de 114.000 empleos y 12.000 millones de € en concepto de impuestos.
Si además, de aquí a 2011, se redujera el índice de piratería en 10 puntos –actualmente es del 46%-, se generarían casi 2.000 empleos adicionales, 196 millones de € en impuestos y más de 1.400 millones de € de facturación en el sector tecnológico.
Según este informe, por cada euro gastado en software original empaquetado, se gastan 1.25 euros adicionales en servicios tales como instalación, formación y mantenimiento. La mayoría de esos beneficios van a la cuenta de las empresas locales de servicios y del canal de venta, de manera que la mayor parte de los beneficios económicos de reducir la piratería de software se quedan dentro del propio país.
De acuerdo con el último Estudio Global sobre Piratería, elaborado también por IDC y publicado en mayo de 2007, el 46% del software instalado en PCs en España es ilegal. BSA dedica gran parte de sus esfuerzos a incrementar el conocimiento, especialmente entre las PYMEs, acerca de los riesgos y las consecuencias legales de utilizar software sin licencia.
BSA emplaza a los gobiernos que quieran tomar ventaja de los beneficios económicos de reducir la piratería de software a, entre otras medidas, actualizar las leyes nacionales de copyright para implementar las directrices de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), crear fuertes mecanismos de cumplimiento de las leyes, dedicar significativos recursos gubernamentales al problema, mejorar la educación pública y la concienciación y, finalmente, predicar con el ejemplo, exigiendo que todas las entidades del sector público utilicen únicamente software original.
