La inclusión de España entre los seis países (junto con Rusia, México, Canadá, Grecia y China) con mayor índice de piratería se ha producido por el elevado número de descargas ilegales de contenidos sujetos a derechos de autor a través de la Red en nuestro país. Además subraya la ausencia de medidas concretas y eficaces, similares a las que se están adoptando en otros países europeos. El informe refleja igualmente la preocupación del Congreso norteamericano con respecto a la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado.
El Caucus Antipiratería Internacional del Congreso de EE.UU. está compuesto por miembros de los dos partidos políticos con representación (Republicanos y Demócratas) en las dos Cámaras, Cámara de Representantes y Senado. De hecho, el anuncio de la decisión ha sido realizado por el demócrata Joe Biden, presidente del Comité de Relaciones Externas del Senado de los Estados Unidos.
La lista presentada por el Congreso de EE.UU. ratifica la inclusión de España en la lista 301, lista publicada hace un mes y medio por la Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR) y por la Oficina de Presidencia de dicho país.
En concreto en el caso español, el anuncio del Congreso de Estados Unidos dice textualmente:
"Existe un grave problema con la piratería en Internet en España que está causando grandes perjuicios económicos y de empleo a la industria. España está permanentemente en los rankings como el país con el mayor porcentaje de descargas ilegales a través de la Red. Aunque la legislación española, y las Fuerzas de Seguridad en España, han realizado algunos progresos a la hora de perseguir las websites piratas, el problema continúa y va en aumento, tanto por las medidas que no ha adoptado el Gobierno español, como por las que ha adoptado. Primero, el Gobierno no ha materializado la responsabilidad que tienen los proveedores de servicios de Internet de cooperar con los legítimos propietarios de los derechos de propiedad intelectual para garantizar que sus redes no se utilizan con fines ilícitos. Segundo, la descriminalización del uso de las redes que, de facto, supuso la Circular de la Fiscalía General del Estado emitida en 2006 está estorbando los esfuerzos de la aplicación de la Ley en los principales casos de piratería on-line. Tercero, el Gobierno español no ha sabido adaptar a la legislación española los requisitos mínimos establecidos por la Unión Europea a la hora de proteger los derechos de los legítimos propietarios de los derechos de autor de los contenidos que circulan en el entorno on-line."
Según la Federación para la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual (FAP) el número de descargas ilegales de películas en España ha pasado de 132 millones en 2006 a más de 200 millones en 2007, suponiendo un incremento del 66%. La FAP afirma que las cifras de 2007 son provisionales y podrían ser incluso muy superiores.
El Caucus Antipiratería Internacional del Congreso de EE.UU. está compuesto por miembros de los dos partidos políticos con representación (Republicanos y Demócratas) en las dos Cámaras, Cámara de Representantes y Senado. De hecho, el anuncio de la decisión ha sido realizado por el demócrata Joe Biden, presidente del Comité de Relaciones Externas del Senado de los Estados Unidos.
La lista presentada por el Congreso de EE.UU. ratifica la inclusión de España en la lista 301, lista publicada hace un mes y medio por la Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR) y por la Oficina de Presidencia de dicho país.
En concreto en el caso español, el anuncio del Congreso de Estados Unidos dice textualmente:
"Existe un grave problema con la piratería en Internet en España que está causando grandes perjuicios económicos y de empleo a la industria. España está permanentemente en los rankings como el país con el mayor porcentaje de descargas ilegales a través de la Red. Aunque la legislación española, y las Fuerzas de Seguridad en España, han realizado algunos progresos a la hora de perseguir las websites piratas, el problema continúa y va en aumento, tanto por las medidas que no ha adoptado el Gobierno español, como por las que ha adoptado. Primero, el Gobierno no ha materializado la responsabilidad que tienen los proveedores de servicios de Internet de cooperar con los legítimos propietarios de los derechos de propiedad intelectual para garantizar que sus redes no se utilizan con fines ilícitos. Segundo, la descriminalización del uso de las redes que, de facto, supuso la Circular de la Fiscalía General del Estado emitida en 2006 está estorbando los esfuerzos de la aplicación de la Ley en los principales casos de piratería on-line. Tercero, el Gobierno español no ha sabido adaptar a la legislación española los requisitos mínimos establecidos por la Unión Europea a la hora de proteger los derechos de los legítimos propietarios de los derechos de autor de los contenidos que circulan en el entorno on-line."
Según la Federación para la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual (FAP) el número de descargas ilegales de películas en España ha pasado de 132 millones en 2006 a más de 200 millones en 2007, suponiendo un incremento del 66%. La FAP afirma que las cifras de 2007 son provisionales y podrían ser incluso muy superiores.
